Por Agustín Laje Arrigoni

En el marco de la histórica caída del muro de Berlín y el consiguiente fin del comunismo en la ex Unión Soviética, la descolocada y debilitada izquierda de la región resolvió allá por julio de 1990 concentrar a todos sus partidos y movimientos (incluyendo a los armados como las FARC y el ELN) en lo que denominó el “Foro de Sao Paulo”, una reunión convocada nada menos que por el gobierno cubano y el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. El objeto de la citación era reorganizar el izquierdismo en Iberoamérica, definir nuevas estrategias para la toma del poder, y prepararse para los venideros tiempos políticos que, signados por un renovado respeto hacia la flagelada democracia, se avizoraban inexorables.

 Lo que salió de aquél congreso pocos lo saben, pues los informes y las declaraciones de tinte público han sido reducidos. Empero, lo indudable es que el éxito del foro fue tal, que desde su nacimiento se han consumado dieciséis reuniones en más de diez naciones latinoamericanas (la última fue en Argentina), y de su propio seno han surgido presidentes en países de la región, como el propio Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Cabe adicionar entre los mencionados logros de esta suerte de reorganización, los aires de renovación que oxigenaron al izquierdismo frente a la opinión pública y los mass media, y la simpatía que generaron, en consecuencia, en desprevenidos sectores de la sociedad.

¿Cuál ha sido la clave del éxito? ¿Cuáles son los fundamentos de la estrategia que los marxistas definieron e implementaron desde la primera reunión a principios de los `90? La respuesta es más fácil de lo que podría creerse: utilizar la democracia, para destruir la democracia.

Que la izquierda marxista haya sido, en términos históricos, metodológicos y doctrinales, antidemocrática por naturaleza (basta con leer a sus principales teóricos para confirmarlo) no es una novedad. Valga recordar, en todo caso, que hasta hace pocas décadas desplegaba sus guerrillas por todo el continente y activaba bandas terroristas contra gobiernos democráticos con el expreso fin de derrocarlos (Argentina es una muestra cabal de ello). La lucha armada, a la sazón, configuraba el método por excelencia de acceso al poder.

No obstante, a raíz de los nuevos lineamientos del Foro de Sao Paulo, hoy el panorama cambió. El uso de la violencia para acabar desde afuera con el sistema (que salvo reducidas excepciones fracasó en toda la región) fue reemplazada por el uso de las instituciones del mismo sistema para carcomerlo desde adentro. Disfrazarse de demócrata es el único requisito en este sentido, y sobre tales bases descansa la estrategia izquierdista contemporánea.

Así las cosas, una vez alcanzado el poder mediante formas legítimas, se procede a desbaratar el sistema político por el cual el marxista accedió a su mandato. Para ello se comienza reformando (más precisamente deformando) a las Fuerzas Armadas y persiguiendo a los componentes castrenses que podrían causar dolor de cabeza en las próximas fases del proyecto de descomposición. En Venezuela, la inyección ideológica y el adoctrinamiento al sector militar fue una de las formas, mientras que en nuestro país la persecución jurídica contra quienes combatieron al terrorismo en los `70, sumado a la debilitación de la institución a través de políticas deliberadamente desfavorables impulsadas por el Ministerio de Defensa, fueron los caminos escogidos.

Acto seguido, será dable enfrentar y neutralizar otros sectores de la sociedad que podrían eventualmente reaccionar contra las políticas antidemocráticas que se proseguirán. Ejemplo de ello es la Iglesia Católica (en Argentina sobran muestras) y partidos opositores (verbigracia, la llamada “masacre de Pando” en Bolivia, perpetrada por Evo Morales a los fines de encarcelar oponentes políticos).

Con esta situación controlada, el izquierdista centra sus esfuerzos en destruir las formas republicanas de gobierno y controlar a la postre el Poder Judicial. Así lo hizo por ejemplo el kirchnerismo en sus primeros tiempos al derrocar jueces de la Corte Suprema de Justicia que no le eran funcionales, y sustituirlos por subordinados inmediatos. Para ello no precisó de ningún grupo armado, sino que fue tan fácil como abusar de “cadena nacional” y amenazar a los magistrados con iniciarles “juicio político” desde el Congreso (que ya estaba bajo su dominio).

Efectuados los movimientos antedichos, y dependiendo de la coyuntura política interna, los izquierdistas escogen el momento indicado para poner en marcha sus planes de perpetuarse en el mando, destruyendo el sistema democrático entendido ya no como una simple forma de acceso al poder, sino como la rotación y renovación periódica de personas, proyectos políticos e ideas, en un marco de libertad y equilibrio de los poderes públicos. Sucede que la izquierda concibe a la democracia no como un sistema de gobierno, sino como una mera táctica para imponer el autoritarismo.

 Pero como la libertad suele tornarse en seria complicación para la concreción del proyecto izquierdista, es necesario también coartarla. De este modo, la libertad económica es puesta en jaque a través de un creciente y asfixiante intervencionismo, al tiempo que el control de los medios de comunicación se constituye en el objetivo más codiciado del mandón de turno. En efecto, el mandamás desata una guerra contra todo el periodismo que no es adicto a sus caprichos, primero practicando la censura de manera más o menos embozada, para luego arrasar con toda la prensa independiente expropiándola para sí mismo (tal como ocurrió en Venezuela y está ocurriendo en Argentina).

No se trata sólo de acallar voces contrarias, sino también de imponer artificialmente voces favorables. Se trata, en rigor, de que la sociedad no tenga la libertad de informarse sino únicamente con el discurso oficial. Adoctrinamiento puro, en otras palabras, que contribuye a la eternización en el poder del izquierdista en cuestión.

En esta instancia, la democracia se encuentra totalmente colapsada, ya no como derivación de un golpe de Estado o una revolución armada tal como ocurría en el siglo pasado, sino como efecto de sus propias debilidades aprovechadas y explotadas por el llamado “socialismo del Siglo XXI”.

Estos pasos se han seguido, al menos parcialmente, en todos los países de la región que mantienen estrechas relaciones con el Foro de Sao Paulo, entre los que se encuentra la Argentina. Se equivocan, pues, quienes continúan sosteniendo que estamos corriendo el riesgo de parecernos a Hugo Chávez. En rigor de verdad, estamos siguiendo de manera sistemática sus pasos a pie juntillas, encaminándonos inexorablemente a imitar el modelo dictatorial revestido de demócrata que impera en Venezuela.

El error de nuestras sociedades, acaso, fue el de consumir el nuevo disfraz democrático que vendieron aquellos que siempre odiaron y combatieron a la democracia y la libertad.

La tiranía ha iniciado otro de sus audaces golpes para asumir la totalidad del poder. Se propone apoderarse de la empresa “Papel Prensa” la mayoría de cuyas acciones pertenecen a los diarios “La Nación” y “Clarín”.

En una impresionante protesta de primera página ambos diarios, con idéntico texto, denuncian que “controlar el papel es controlar la información”

Lo que no dice la denuncia es que controlar el diario es controlar la información y ese control ya lo tienen los dueños de ambos matutinos hace rato. Y lo curioso es que, aunque no sea directamente el gobierno el que los controle, los dos sirven a los fines políticos del oficialismo.

Los redactores de los diarios, con la complacencia de sus directivos, son los que hacen y deshacen reputaciones, mienten, silencian, instalan “slogans”, avalan injusticias, y silencian lo que no coincide con su ideología o con su calaña. En ambas se asemejan a la tiranía.

La maniobra “Papel Prensa” parece ser, por lo tanto, superflua. No creo que sea necesario quedarse con “Papel Prensa” para que los diarios sean todavía más oficialistas de lo que ya son.  

Tal vez alguien objete que Kirchner considera a “Clarín” y a “La Nación” como opositores y que las denuncias de algunos de los innumerables peculados cometidos desde el poder, molestan al gobierno. Se trataría de acabar con esas denuncias.

No lo creo. Cualquiera puede ver que esas denuncias no tienen ningún efecto. La opinión pública está siendo acostumbrada a considerar la corrupción como un fenómeno natural de la política y no reacciona en absoluto.. Mientras tanto los jueces, con Oyarbide a la cabeza, se ocupan de apagar todos los fuegos, excepto en el caso de algún “chivo emisario” como Jaime que bien puede salir airoso, a pesar de todo.

* * *  

“En los últimos días –sigue diciendo la denuncia-, esta intención de avasallar el derecho de la sociedad a la libre elección y expresión se reveló de manera muy clara con la cancelación de la licencia de un proveedor de Internet.”  

Ese “derecho” de la ciudadanía, a los diarios les importa muy poco. Nunca lo han reivindicado efectivamente. Pretenden que se identifica con la “libertad de prensa” que los favorece sólo a ellos, es decir, a sus redactores, casi todos pertenecientes a una ideología de izquierda o de un centro colaboracionista con la izquierda, o con el peronismo (lacayo ladrón de la izquierda).

¿Acaso el “derecho de la sociedad a la libre elección y expresión” fue tenido en cuenta –por ejemplo-  cuando durante siete años “La Nación” publicó una serie de entrevistas  en su sección “Intelectuales” eligiendo sólo a los de izquierda y a los enemigos del catolicismo, con algún centrista políticamente inofensivo como relleno?

Para colmo, en su edición del 18/8/2010, al dar por terminada esa sección “La Nación” dedicó una página entera a exaltar a sus quinientos cincuenta entrevistados en siete años designándolos como “los intelectuales de siempre” (podría haber agregado: “y para sempre”). No hay ni un solo intelectual católico tradicionalista, ni siquiera un “derechista” del nacionalismo, ni un pensador independiente de los clichés que la izquierda acuña, mal denominados “politically correct”.

¿No sospecha “La Nación” que al actuar con esa unilateralidad férrea ha contrariado el “derecho de la sociedad a la libre elección y expresión” ? ¿Supone “La Nación” que el 99% de los argentinos está expresado por sus “intelectuales de siempre” que son un 99% de izquierda?

Es obvio que el diario sabe que no es así, pero su sectarismo ideológico le hace actuar de esa manera con total desprecio del “derecho de la sociedad a la libre elección y expresión”.

¿Sólo ahora que la tiranía ha decidido cancelar la licencia de Fibertel y amenazar su cuota de papel se acuerda de que ese derecho existe? Sin embargo, ni aún ahora reconoce que el diario mismo lo ha violado sistemáticamente en todo momento.

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Se indigna por que el matón Guillermo Moreno, Secretario de Comercio, pretende “arrogarse facultades judiciales y liderar una falsa investigación sobre la historia de la compañía (”Papel Prensa”) buscando convertirla en un caso de derechos humanos, algo que le fue ordenado desde lo alto del poder y que resulta inconcebible hasta en las especulaciones más maquiavélicas. Para eso viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, en lo que constituye una de las prácticas más deleznables del kirchnerismo”.

El matón Moreno no es el único que revista en las filas del poder. Los hay en el Ejecutivo, en el Judicial y en el Legislativo y todos ellos usan el que tienen, desde que Kirchner usurpó la presidencia, para destruir las Instituciones, en especial las FFAA y de Seguridad.

Los matones que actúan como jueces de los tribunales prevaricadores que fingen juzgar a los militares y policías acusados de haber violado los derechos humanos durante el combate contra la guerrilla en los años 70, son una de las más repulsivas formas de matonismo y se cometen todos los días sin que “La Nación” haya protestado ni una sola vez contra esa horrenda profanación de la Justicia.

Testigos parciales, que pertenecieron a grupos terroristas o que son notoriamente de izquierda y solidarios con aquellos, son admitidos como testigos en esas parodias de juicio y en base a esos testimonios, en audiencias calentadas por “linchadores” envenenados, se dictan sentencias feroces contra acusados ya juzgados y sobreseídos o indultados hace decenas de años, por delitos archi-prescriptos de cuya autoría no tienen otra prueba que la señalada, o sea, ninguna.  

No sólo eso. “La Nación” jamás se refiere a esos militares sino como “genocidas” o “represores” y jamás ha defendido el elemental derecho que tienen casi todos ellos a no ser enjaulados en cárceles comunes sino en sus domicilios, si es que existiera algún fundamento para semejantes acusaciones.

¿No es esto una forma de  ”manipular dolosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, en lo que constituye una de las prácticas más deleznables del kirchnerismo”? ¿No es mucho peor perder la libertad y la vida (ya hay 107 muertos por homicidio entre esos secuestrados de la tiranía, cometidos por malos tratos y vejaciones) y sin embargo “La Nación” no ha dicho una palabra sobre esa enormidad que es mil veces peor que perder la propiedad de una empresa papelera, sin dejar de tachar esta confiscación como injusta?

¿Qué dicen “La Nación” y “Clarín” sobre su propia y “sugestiva plasticidad” al consentir esas monstruosidades?

Yo estoy dispuesto a defender el derecho de “La Nación” y “Clarin” contra la tiranía confiscatoria, en cambio, ninguno de los dos diarios está dispuesto a defender los derechos humanos de los secuestrados ni de los 40.000.000 de argentinos sometidos a una tiranía de inspiración marxista que avanza inexorablemente hasta la dominación total del país y la negación de todos los derechos.

Por el contrario, aunque en sus editoriales algunas veces ataquen una que otra arbitrariedad de las muchas que comete el gobierno, en sus notas “informativas” lo favorecen en aquello que más solidez política le puede dar: su pretendido éxito económico.

Véase, por ejemplo, la primera página de la edición del 17/8/2010 de “La Nación” con el siguiente gran título: “EL PAÍS VOLVERÍA EN UN MES A LOS MERCADOS INTERNACIONALES”.

“Volvería”, es un verbo hipotético que no quiere decir nada, pero crea la impresión en la mente del crédulo lector del diario, que el gobierno es confiable y que la economía está sana y prosperando. Falsas las dos cosas y el diario lo sabe. Sin embargo, le presta a la tiranía esa ayuda inestimable.

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“La empresa (“Papel Prensa”) nació en 1972 de la mano de Editorial Abril, de César Civita -sigue diciendo el texto- luego fue adquirida por el grupo Graiver y en 1976, cuando éste último atravesaba graves problemas financieros con la quiebra de dos de sus Bancos en el exterior, fue ofrecida por dos de sus dueños a Fapel, sociedad constituída por los diarios “La Nacion”, “Clarin” y “La Razón”…La compraventa  se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976..”

“Qui s”excuse, s”accuse”, dicen los franceses. La excusa de “La Nación” y de “Clarin” no puede haber sido más torpe.

Lo que pasa es que cuentan con la poca memoria de los argentinos y con la ignorancia de los más jóvenes. Ocurre que Graiver era el “banquero” de los montoneros que el 19 de Septiembre de 1974 habían secuestrado a los hermanos Born, dueños de Bunge y Born, y habían cobrado un rescate de u$s60.000.000 (equivalentes a unos u$s150.000.000 de hoy), el mayor de toda la historia de los secuestros.

Esa plata la debía “colocar” Graiver. “Papel Prensa” fue iniciada por Civita en 1972 . Supongamos que Civita hubiera sido amenazado por los montoneros para vender a Graiver la empresa y que éste la hubiera comprado con parte de aquel enorme rescate. Supongamos todavía que cuando los militares tomaron el poder (en un operativo que siempre consideré ilegítimo, artificial y tortuoso) es posible que uno de sus objetivos fuera asegurarse el apoyo de la prensa. ¿Qué mejor medio que darles “Papel Prensa” que, de todas maneras, no era de Graiver sino de los montoneros autores del secuestro extorsivo?

No digo que eso ocurrió, digo que la excusa imprudente de “La Nación”, al remover viejas cosas, levantó la duda en mi cabeza. La defensa ha sido muy poco hábil y tan poco hábil que, dados los antecedentes “colaboracionistas” de esos diarios con la tirania es hasta probable que le hayan servido a ésta el argumento en bandeja para dejarle abiertamente la llave de la prensa.

Uno de los métodos de los soviéticos para eliminar camaradas ya inservibles o molestos era obligarlos (mediante extorsiones u otras amenazas) a confesarse culpables de delitos que no habían cometido o que habían cometido con la complicidad de sus acusadores. Así se simplificaban enormemente las condenas.

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El artículo termina diciendo: “Es de esperar que la manipulación de los derechos humanos, la mentira lisa y llana y la persecución de raigambre autoritaria encuentren rápidamente un freno decidido en las instituciones de la democracia”.

Una de esas instituciones es la prensa y, ¿qué freno ha encontrado esa ” persecución de raigambre autoritaria” en “La Nación” y en “Clarin”?. Ninguno. Ellos, como dije más arriba, han sido colaboradores incondicionales de la más repugnante persecución contra ancianos militares y de la destrucción de las FFAA, contribuyendo con miles de palabras impresas a crear la leyenda del horror militar en ancas del cual cabalga la más audaz intentona del marxismo internacional para apoderarse de nuestra Patria.

Dios quiera que esos diarios se salven de este ataque contra “Papel Prensa”, siempre que sea para cambiar de rumbo y cesar en su solapada colaboración con la tiranía y en la apertura de sus paginas al pensamiento verdaderamente patriótico y afín a las tradiciones de la Patria, cristianas y respetuosas del Derecho, teniendo en mira la derrota de los tiranos.

Los “derechos humanos” no son sólo de los diarios sino de todos los argentinos, especialmente de aquellos a quienes hoy les son perversamente negados sin que a los diarios parezca importarles un bledo.  

Cosme Beccar Varela

Como en todas las jornadas del juicio que se lleva en nuestra ciudad de Córdoba contra militares que combatieron al terrorismo subversivo en los años `70, un grupo de miembros del Movimiento por la Verdadera Historia se hizo presente en Tribunales Federales el pasado 10 de agosto a los efectos de peticionar igualdad ante la ley y juicios contra los miembros de las organizaciones armadas que violaron los Derechos Humanos de miles de personas durante la guerra interna que sufrió el país.

La vicepresidente de nuestra ONG, la Arq. Liliana Raffo, viuda del Tcnl. Horacio Fernández Cutiellos, asesinado por el grupo terrorista “Movimiento Todos por la Patria” (MTP) en el cruento ataque contra los cuarteles de La Tablada en enero de 1989, responsabilizó públicamente al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, del asesinato de su esposo. En efecto, existe documentación que vincula al siniestro personaje en cuestión con la banda homicida de Gorriaran Merlo. De hecho, este último menciona en su libro “Memorias de Enrique Gorriaran Merlo” (de editorial Sudamericana) a Duhalde como partícipe de las reuniones realizadas en Managua a los fines de coordinar la banda terrorista que acabó con la vida de Fernández Cutiellos.

Así las cosas, mientras el Secretario de DDHH se paseaba con impunidad por los pasillos de Tribunales junto al suspendido juez español Baltasar Garzón, Liliana Raffo no dudó en hacer sentir su presencia; la presencia de una olvidada víctima del terrorismo.

Pero la intolerancia y la falta de respeto por el dolor ajeno que caracteriza a los grupos izquierdistas (mal llamados “organizaciones de derechos humanos”) que concurren también al juicio, no tardó en manifestarse. Las agresiones verbales y los empujones que le propiciaron a nuestra vicepresidente provocaron la intervención de la policía que se encontraba en el lugar. Señoras de pañuelo blanco se rieron de su condición de víctima, mientras militantes de la pandilla HIJOS coreaban insultos contra quien busca justicia desde hace años y se había encontrado, cara a cara, con uno de los responsables de su tragedia.

Explicados los hechos, cabe aclarar información totalmente falaz publicada por los grandes medios de comunicación:

1)      En ningún momento Raffo gritó “Viva la ETA”, como informó erradamente el diario La Nación. Es sabido que nuestra organización repudia el terrorismo criminal de los separatistas en cuestión. Asimismo, un adherente de nuestra agrupación le hizo una pregunta a Garzón en torno a qué opinaba sobre el apoyo de la ultrakirchnerista Hebe de Bonafini para con los asesinos de la ETA.

2)      Liliana Raffo no pertenece a la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFYAPPA) como se informó en casi todas las notas de la prensa.

3)      El Sr. Alberto Aprea no es militar, como quiere hacer creer Página 12, presentándolo como un Coronel retirado, miembro de la Unión de Promociones.

4)      El Movimiento por la Verdadera Historia no es una “organización simpatizante de Videla” ni “simpatizante de Menéndez”. Es una ONG que trabaja por los Derechos Humanos de las víctimas del terrorismo de Córdoba, que hace revisionismo histórico y que promueve valores republicanos y democráticos entre sectores de la juventud, participando como adherente de UnoAmérica (Unión de Organizaciones Democráticas de América).

La Asociación Civil Movimiento por la Verdadera Historia repudia la absurda detención del presidente de UnoAmérica, Ing. Alejandro Peña Esclusa, cuya casa fuera allanada en Caracas por la policía política chavista el pasado 12 de julio, en ausencia de abogados y con testigos presuntamente falsos. 

La excusa utilizada por el régimen para detener al presidente de UnoAmérica fueron supuestos explosivos alojados en su residencia, los cuales según aseguró la familia, fueron colocados por los propios funcionarios de Chávez al irrumpir violentamente en el hogar. La retención del abogado de la familia durante el allanamiento, así como la imposibilidad de llamar como testigo a vecinos, son elementos que no hacen más que ratificar la irregularidad del accionar de la policía política. 

De público conocimiento son las labores que Peña Esclusa viene efectuando desde hace años en pos de la democracia, los Derechos Humanos, los valores republicanos y las libertades individuales, tanto en su país como en la región en general. Sus esfuerzos han incomodado, desde luego, en cuantiosas oportunidades, a aquellos quienes levantan las edulcoradas banderas del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, que poco tiene de diferencia, en rigor, con el sanguinario socialismo del siglo pasado. 

El Movimiento por la Verdadera Historia, ONG adherida a UnoAmérica, reitera su solidaridad para con Alejandro Peña Esclusa, detenido por causas meramente políticas, al mismo tiempo que espera que el pueblo venezolano reaccione frente a este nuevo avasallamiento por parte del izquierdismo chavista contra las libertades individuales de los ciudadanos.

Presidente: Agustín Laje Arrigoni
Vicepesidente: Liliana Raffo de Fernández Cutiellos

Diferentes conductas

Señor Director

“El 23 de septiembre de 1973, por decreto 1454, por incurrir en «actos concretos de violencia, en abierto desprecio por los valores más sagrados, cuales son la vida humana y los derechos de las personas», se declaró ilegal la actividad del Ejército Revolucionario del Pueblo y se instruyó a la Policía Federal para que impidiera las acciones de esa organización.

“El 8 de marzo de 1974, mi esposo, Miguel Angel Castrofini, fue asesinado en la puerta de nuestra casa en presencia de mi suegro y mía. Reconocimos al autor de ese hecho, que resultó ser miembro de dicha organización. Su nombre: Eduardo Mario Favario.

“En toda guerra, como la que tuvo lugar en el país en los 70, la primera víctima -como señala Pérez Reverte- es la verdad, por ello pedí la reapertura del caso. El juez a cargo de la investigación, por haber perdido un familiar durante el proceso militar, se excusó de continuar en la investigación en aras de la independencia e imparcialidad que es dable exigir a los jueces y ante la eventual situación de duda acerca de que tal hecho pudiera afectar su estado anímico. Comparto, señor juez, su dolor, ya que ambos perdimos seres queridos, y destaco y valoro su actitud.

“Esa digna actitud contrasta con la de quienes están al frente de la Secretaría de DD.HH., Eduardo Luis Duhalde y Martín Gras (alias «Chacho»), el primero abogado de miembros de las organizaciones armadas declaradas ilegales por un gobierno constitucional y el segundo, combatiente de esas organizaciones armadas, que con la connivencia parlamentaria permitieron que el victimario de mi esposo fuera indemnizado por caer en la “lucha antisubversiva”, mientras que a mi esposo no le corresponde el más mínimo reconocimiento, a pesar de haber sido un civil víctima de la acción terrorista.

“Más repudiable aún es la actitud del titular de la Procuración General de la Nación, docotr Esteban Righi, quien mediante la resolución general 158/07 procura impedir la investigación de los crímenes cometidos por esas organizaciones y así conocer la verdad completa del conflicto armado que vivió el país en los 70; él es justamente el autor de los indultos y la ley de amnistía que permitió la libertad del asesino de mi esposo.

“Señores, sigan el ejemplo de la conducta del juez y apártense de sus cargos, de cuyo ejercicio deberían inhibirse cuando de estas cuestiones se trata.

“Por último, señor juez, no dudé nunca de su imparcialidad y espero que quien lo reemplace, aun no teniendo la violencia moral que usted invoca y respeto, tenga sus valores morales y actitud ética.”

Mercedes Rivadeneira, vda. de Castrofini

01 de Julio de 1970

ASALTO A LA CIUDAD DE LA CALERA
(PROV DE CÓRDOBA)

Un mes después del asesinato del General Aramburu Pedro Eugenio dicha organización ejecutó, lo que ellos denominaron, el primer gran operativo militar de la lucha guerrillera urbana en la argentina, el asalto y copamiento de la localidad La Calera.

Eran las 07.30. En ese mismo instantes comenzó la operación de comando minuciosamente preparada, sin dudas en sus detalles más insignificantes. A esa hora aparecieron frente a la Subcomisaría de esa localidad unas 15 personas -entre las que se hallaban algunas mujeres ocupando varios automóviles, uno de ellos marca Torino, con baliza giratoria en el techo, al estilo de los que usa la policía; un Fiat 1500 chapa C 228028 de la capital federal y una pick-up Chevrolet con chapa de Córdoba.
Cinco o más integrantes del grupo entraron resueltos en la comisaría, donde en esos instantes se hallaban un oficial y un agente. Tres delincuentes vestían uniformes de policía con el grado de oficial ayudante, de sargento primero y de cabo. Los otros dos, una pareja, habían penetrado previamente en el local para formular una denuncia común que ocupó la atención del agente Ramón Salvatierra, a cargo del local policial, donde también se hallaba el oficial ayudante Antonio Djanikián.
Después de amenazar a ambos con armas de fuego, los obligaron a cantar la marcha “Los Muchachos Peronistas”. No conformes con ello, comenzaron a destruir libros y expedientes y pintaron en paredes y escribieron en la máquina de la oficina “GRUPO MONTONEROS -PERON O MUERTE - EVA PERON”. A la misma hora, otros tres sujetos cortaron las líneas telefónicas entre La Calera y Córdoba.
 
Tras reducir a todo el personal de la Subcomisaria y encerarlos en una de las piezas de la misma, se produjo el ataque a la central telefónica, ubicada en la calle San Martín Nro 851, en cuyo interior se encontraban la señora Blanca de Falavigna y el guardahilos Antonio Juárez.
En ese lugar Irrumpieron dos personas que llevaban brazaletes azules y blancos, se identificaron como “Montoneros” y empuñaban pistolas de grueso calibre. Pasaron al interior, donde inutilizaron el equipo telefónico, con lo cual la localidad quedó aislada telefónicamente tanto en lo que respecta a las comunicaciones locales como a las de larga distancia. La señora de Falavigna dijo que evidente los asaltantes no eran personas técnicas, pues para inutilizar el equipo cortaron cables y rompieron innecesariamente varios muebles para lograr su objetivo, que hubieran podido conseguir de más sencilla manera.

El factor sorpresa y la incomunicación facilitarían las otras partes del plan, que comenzaron cinco minutos después es decir alas 07,45 con el asalto al banco de la provincia y a la sucursal de Correos y Telecomunicaciones.
En la primera dependencia se hallaban el gerente. Miguel Broca, y 14 empleados, los que fueron reducidos mediante el empleo de armas de fuego. Aquí los terroristas, que eran unos  8 ó 9 del total de 15 que habían llegado a la localidad La Calera, comenzaron la operación chocando con su vehículo al Jeep de la policía que se hallaba estacionado frente a la entidad de crédito, al sentir el impacto descendieron el subcomisario Eustaquio Tomás Larraona y el agente Miguel Moyano.
El primero declaró que, con motivo del asalto cometido en diciembre del año anterior por una gavilla de pistoleros, desde entonces un Jeep de la repartición mantiene una discreta vigilancia de la sucursal bancaria.
En esos momentos, el vehículo que estaba estacionado en la calle 25 de Mayo casi esquina San Martín, advirtió cómo una pick-cap chevrolet con las luces encendidas, se acercaba a cierta velocidad hasta chocarlos desde atrás . Eso determinó que se le cayera al Subcomisario Larraona la pistola ametralladora que tenía sobre sus piernas.
Al principio el policía creyó que se trataba de un accidente, pero cuando los terroristas lo obligaron a descender del vehículo amenazándolos con armas largas, comprendieron en la situación en que se hallaban.
Luego, como obedeciendo a una consigna, fueron interrogados sobre su filiación política, informándoseles que las personas que los atacaban eran peronistas. También dijo que al reponerse de la sorpresa producida a por el choque advirtió que alrededor de nueve personas rodeaban el rodado policial y en el grupo se encontraba una mujer rubia que, al parecer. se comunicaba con otros grupos utilizando un intercomunicador portátil.
La operación, para ese entonces, tenia ya la forma de un ataque total a la localidad. con la ocupación de sus principales oficinas de seguridad y establecimientos público.
Durante veinte minutos los terroristas se dedicaron a revisar todos los cajones y cajas de seguridad del banco hasta retirar todo el efectivo disponible que se calculaba en cuatro millones de pesos.
Mientras estos sucesos se desarrollaban, los que parecían ser lideres de los grupos terrorista se comunicaban entre sí por medio de aparatos trasmisores portátiles, como los utilizados por la policía y que tienen; la característica V.H.F.

A la misma hora, es decir a las 0 7:45, otro grupo penetró en la sucursal de correos, pero allí sólo había unos pocos pesos y estampillas y optaron por llevarse los sellos.

A las 7:42, el agente Manuel Arguello, que ya en el atraco de diciembre de 1969 había sido herido de bala en un hombro, regresaba a la localidad de La Calera en un vehículo de la repartición, tras haber realizado diligencias vinculadas con las tareas que desempeña. Ajeno totalmente a la situación que imperaba en la población, tomó por la avenida San Martín y, sorpresivamente, se dio con el grupo subversivo. Uno de los integrantes, que portaba una metralleta, le efectuó varios disparos, tres de los cuales hicieron impacto, uno en la cabeza v dos en el hombro, al parecer, todos ellos de poca gravedad.

Cuando el grupo se retiró del banco, dejó en la esquina un enorme paquete con la inscripción “peligro-explosivo”, arrojando muchos clavos de los denominados “miguelitos” a la calle. Sin embargo, el paquete sólo tenia en su interior un grabador que, al ser puesto en marcha dejó oír una canción peronista.

Toda la operación había durado 40 minutos. La población de La Calera despertaba cuando todo estaba consumado.

Bibliografía

1. Los 70 Violencia en la Argentina
2. Silencio de Mudos – Leandro Viotto Romano
3. Guerra Revolucionaria en la argentina – Ramón Genaro Diaz Bessone

Estimados Amigos:
 
A veces es conveniente el silencio cuando lo que decimos es políticamente incorrecto. Pero no me importa el riesgo de decir lo “políticamente incorrecto” si debo callar verdades que intranquilizan mi consciencia y me convierten en cobarde.

El juicio a los militares forma parte de una injusticia y la falta de legalidad que los argentinos permitimos en silencio convalida una situación inadmisible en nuestro país.

No se trata de cubrir y justificar las violaciones cometidas y que fueron delitos, cometidos por algunos y no por todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero casi todos los juzgados, son inocentes con causas armadas y/o lo están siendo sin cumplirse las leyes o vulnerándola abiertamente a causa del odio y el resentimiento.

Fue una guerra y existen demasiados ejemplos de las barbaridades que cometieron los “jóvenes idealistas” en nombre de una revolución que hasta el día de hoy no alcanzo a entender, cuando veo sus consecuencias en Cuba y en sus supuestos aliados que oprimen a sus pueblos y administran pobreza e ignorancia. 

  
Un gobierno constitucional ordenó aniquilar el flagelo de la subversión. Nuestra sociedad, los partidos políticos, la clase dirigente y la sociedad en su conjunto convalidó la lucha contra la subversión y avaló por acción u omisión el golpe de estado. Hoy le damos la espalda y los traicionamos.

Como es habitual y con la típica hipocresía de los “demócratas declamativos” de siempre se podrá censurar mis palabras, pero no se puede tapar el sol con un helado y yo no sería capaz de mirar y proteger a mis hijos si no reacciono frente a tanta mentira y frente a una injusticia inadmisible. Como reacciono frente a otras injusticias que agobian a nuestra sociedad.

Yo fui uno de los argentinos que esperó con esperanza la vuelta de Perón a la Argentina y creyó que con su prestigio podía normalizar la situación política de la Argentina. Yo estuve en la Plaza de Mayo el día que Perón expulsó de la plaza a los Montoneros y a los extremistas que ya no le eran funcionales y que se habían convertido en una amenaza permanente para la existencia de las instituciones de la democracia.

Luego milité y trabajé por un conjunto de principios e ideas bajo el liderazgo y la guía de una gran ex presidente de la Nación. Por eso, los pretendidos “progresistas” que vulneran la constitución, las leyes, violan los principios consagrados como la irretroactividad de la aplicación de las leyes y de cosa juzgada, están cometiendo un delito contra el sistema democrático y pierden toda razón y justificación frente a los militares que están siendo juzgados ilegalmente.

 Se trata de cumplir con la ley. Me guste o no. Sean pro militares o anti militares, sean jóvenes idealistas o no, se deben cumplir las leyes. Sueño con una Argentina unida con Paz, legalidad para todos y desarrollada.

Tengo la esperanza y el “Sueño” que algún día podamos rendirle el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que lucharon contra los enemigos de nuestra sociedad (las subversión, los piratas invasores y sus socios, los traidores que concedieron superpoderos y leyes para saquear la Argentina, los corruptos y los que lucran o se benefician con la pobreza, la inmensa asociación ilícita que desde las instituciones permitieron toda clase de ilegalidades, los MCS infiltrados por un progresismo declamativo, etc).

Ese homenaje debe nacer en el corazón  y debe servir para unir a todos los argentinos, debemos lograr la paz, respetar el derecho de cada persona a vivir según sus convicciones, con legalidad y con desarrollo.

Por eso deseo expresar  título personal, que no estoy de acuerdo y rechazo el juicio a los militares que se está llevando con revancha, odio y sin legalidad. Le rindo mi humilde homenaje a todos los soldados que están siendo injustamente maltratados y me preocupa enormemente las consecuencias cuando nuestro pueblo traiciona a sus soldados porque creo debe revisar que clase de valores justifican su existencia.

Soldados injustamente tratados, estoy con Uds. Un fuerte abrazo para Uds y vuestras familias. Un fuerte abrazo,

Ing Luís Clementi    

Tenemos un país…

-        Sin valores republicanos

-        Con los valores patrios pisoteados

-        Con el pueblo argentino dividido

-        Con la Constitución Nacional sistemáticamente violada

-        Con 900 presos políticos por haber combatido al terrorismo subversivo en los `70

-        Con ex-terroristas cumpliendo funciones públicas

-        Con la libertad de expresión limitada

-        Con relaciones amorosas con las dictaduras cubana y venezolana

Entonces… ¿Qué festejamos?

Movimiento por la Verdadera Historia

Diario “EL LITORAL”

Domingo, 23 de mayo de 1971

SECUESTRAN AL CÓNSUL BRITÁNICO EN ROSARIO

El hecho se produjo a eso de las 9:30, cundo el Sr Stanley Sylvester sacaba el automóvil del garaje de su casa en el barrio de Fisherton

   ROSARIO, 23 (UPI). – Tres individuos armados, integrantes de un comando extremista, secuestraron esta mañana al cónsul británico en esta ciudad Señor Stanley Sylvester, cuando éste abandonaba su domicilio en el barrio residencial de Fisherton, a unos diez kilómetros al norte del centro.

   La policía informó que S. Silvestre, de 58 años de edad, fue rodeado por sus raptores cuando sacaba su automóvil Peugeot 504 del garaje de su residencia, momentos después de las 9:30.

   Los secuestradores llegaron en un auto Fiat 1500 color gris oscuro y aguardaron la salida del cónsul. El vehículo, de acuerdo con las afirmaciones de vecinos, merodeaba desde antes por la zona.

   Aparentemente otro grupo extremista estaba dispuesto para apoyar a los raptores en caso de surgir una eventual dificultad.

   Según datos proporcionados a la investigación por vecinos, Sylvester se disponía a sacar su automóvil cuando un individuo joven abrió violentamente la portezuela del vehículo, mientras con la otra mano le apuntaba con una pistola a la cara.

   En escasos segundos el cónsul fue introducido en el Fiat 1500, que se dio a la fuga.

   Un oficial de la jefatura de policía dijo a United Press Internacional que hasta mediodía no se poseían otros detalles concretos del secuestro.

   “Resulta casi imposible –dijo- reunir detalles coherentes para orientar la pesquisa. Los secuestradores actuaron con pleno conocimiento del terreno y sabían las costumbres del cónsul”.

   La residencia de Sylvester está ubicada en el bulevar Argentinos 8555 en las cercanías del aeropuerto internacional de Rosario.

Con uno de los hijos

   Uno de los dos hijos del cónsul secuestrado arribó a la finca a poco de tener conocimiento del rapto. “No me pregunten nada, respondió en español muy dificultoso. No se nada, acabo de enterarme. Vivo en el campo y me fueron a avisar. Mi padre es un hombre noble y honrado. No se por qué es esto”.

Atribúyase el hecho un comando revolucionario

   ROSARIO, 23 (UPI). – La organización extremista “Ejercito Revolucionario del Pueblo” se atribuyó esta tarde en un comunicado el secuestro del cónsul britanico, señor Stanley Sylvester.

   Una llamada telefónica anónima recibida en la redacción del diario “La Tribuna” dio cuenta de que en el bar “Yapeyú”, ubicado en la esquina de las calles Entre Rios y Mendoza, había un comunicado relacionado con el suceso.

   Un cronista de este diario dio a United Press Internacional el texto, que es el siguiente:

   “Al pueblo: En el día de hoy, domingo 23, en la semana de homenaje a Luis Norberto Blanco, el comando que lleva su nombre del Ejercito Revolucionario del Pueblo, detuvo y puso a disposición de la justicia popular al señor Stanley Sylvester, gerente del frigorífico Swift de Rosario y cónsul honorario británico en esta ciudad. Adjuntamos un carnet personal del señor Sylvester como prueba de la operación”.

Firma el comunicado el “Comando Luis Norberto Blanco. Ejercito Revolucionario del Pueblo.

   Luis Norberto Blanco fue un aprendiz de mecánico de 15 años que falleció el 21 de mayo de 1969, junto a otros dos jóvenes durante enfrentamientos con la policía en violentos motines populares ocurridos en esa época en Rosario.

  Al cabo de 168 horas y 15 minutos de cautiverio en poder del comando extremista denominado “Ejercito Revolucionario del Pueblo”, retornó el domingo 30  a su hogar el cónsul británico de esta ciudad y gerente del frigorífico Swift, señor Stanley Sylvester, tras haber pagado un rescate de 25.000.000 de pesos.

El Ejército del Pueblo Paraguayo opera desde 2008.

El presidente de Paraguay Fernando Lugo está en jaque por un grave problema, y no se trata precisamente del escándalo por sus hijos no reconocidos. El país está golpeado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo paramilitar integrado por apenas 15 personas que puso en vilo a toda la población, obligó a decretar el estado de sitio en algunas zonas y a desplegar un amplio operativo militar.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) asegura haberse formado el 1 de marzo de 2008, meses antes de que Lugo asumiera la presidencia, en la ciudad de Horqueta, ubicada al norte del país, en la región de Concepción. Dieron su primer golpe quince días después, al quemar maquinaria agrícola en una estancia de 20.000 hectáreas de soja perteneciente a un empresario brasileño.

Así quedó perfilada la ideología del grupo, que se autoproclama marxista-leninista y busca derrocar al gobierno de Fernando Lugo por considerarlo “representante de la oligarquía” y por no realizar una verdadera reforma agraria. El EPP está encabezado por Manuel Cristaldo Mieres, Magna Meza, Osmar Martínez, Alcides Oviedo y Carmen Villalba; esta última fue la primera en salir a reivindicar las acciones guerrilleras desde la carcel, mientras cumple una condena de 18 años por un secuestro. Muchos de los combatientes integraron el llamado “Partido Patria Libre”, y se dice que sus miembros tienen vínculos con las FARC.

En diciembre de 2008, el EPP subió la apuesta al asaltar un cuartel militar de Tacuatí, donde robaron armas e incendiaron el lugar. “Hay que destruir todo y volver a construir una república socialista, es la única solución para los problemas del país”, proclamó entonces Villalba desde prisión. El 29 de abril de 2009, una limpiadora encontró una bomba en el Palacio de Justicia de Paraguay; alertó a un guardia de seguridad, que la sacó del edificio, donde explotó. El EPP volvió a atribuirse el atentado.

El grupo guerrillero también se volcó al secuestro de empresarios. El 31 de julio de 2008 capturaron al ganadero Luis Alberto Lindstron: lo liberaron 43 días después, tras cobrar un rescate de 300.000 dólares. El 15 de octubre de 2009, otro ganadero, Fidel Zavala Serrati, fue secuestrado en su estancia; el EPP obligó a la familia a donar carne a comunidades carenciadas del país, y a cambio el empresario fue liberado 94 días más tarde.

El EPP, sigue operando en el Norte de Paraguay, y aún posee capacidad de daño, a pesar de estar integrado por un grupo de no más de 15 personas, según los especialistas. Por eso, el presidente Lugo decidió declarar el “estado de excepción” (estado de sitio) en cinco provincias del Norte del país durante 30 días, para dar vía libre al accionar militar.

“El objetivo principal del estado de excepción es capturar a los miembros del EPP que han cometido una serie de crímenes horrendos en Paraguay”, dijo el mandatario en conferencia de prensa. Ayer, además, aumentó la apuesta y supervisó personalmente el despliegue de 3.000 efectivos del ejército y la policía en Concepción, 500 km al norte de la capital, para intentar capturar al grupo guerrillero, informó la agencia AFP

la insurgencia guarani

Los nexos secretos de Quebracho con la guerrilla paraguaya

Miembros de la agrupación argentina confirmaron a PERFIL contactos con los líderes del EPP y del Partido Patria Libre en el pasado. Las reuniones con Lugo y las movilizaciones en Argentina por ellos.

Por Leandro Dario

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), replegado en los montes de los departamentos de Concepción y San Pedro, se transformó por estas horas en el enemigo público número uno del gobierno de Fernando Lugo. No sólo poder de fuego exhibe dentro de su patrimonio la guerrilla que cuenta con un centenar de combatientes, sino también aceitados vínculos con las FARC en Colombia. Pero según pudo confirmar PERFIL, también mantiene nexos con dirigentes del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho en la Argentina, agrupación que viajó a Paraguay durante los últimos tres años para reunirse con sus máximos líderes.

“El EPP es el emergente de una situación de violencia y brutalidad que hay en Paraguay, de la cual es víctima el movimiento campesino, desplazado por los terratenientes paraguayos y brasileños. Más que válida, su lucha tiene que ver con la autodefensa de los compañeros”, declaró a este diario Fernando Esteche, líder de la agrupación argentina. “El sentimiento de Quebracho es de compañerismo y de admiración por la militancia revolucionaria de los integrantes del EPP y de Patria Libre”, confirmó Gustavo Franquet, ex miembro de la mesa política nacional de la agrupación, que viajó a Paraguay y conoce personalmente a los líderes del grupo guerrillero acusados de secuestros, asesinatos, colocar una bomba en los tribunales de Asunción y atacar destacamentos militares.

La relación entre los paraguayos y Quebracho nació al calor de la batalla judicial emprendida por seis campesinos de ese país en la Argentina, que fueron detenidos por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Grau y luego, extraditados a Asunción. Durante el desarrollo del proceso que llevó adelante el juez federal Ariel Lijo, Quebracho y movimientos de derechos humanos denunciaron que los campesinos del Partido Patria Libre, germen del EPP, eran víctimas de una persecución, reclamando que el gobierno de Cristina Kirchner les diera asilo político. De esa solidaridad de la agrupación encabezada por Esteche se consolidó un estrecho vínculo con los líderes de Patria Libre, que luego se escindió y algunos de sus dirigentes se exiliaron en Brasil, otros fueron detenidos y los restantes se refugiaron en el campo y fundaron el EPP.

“La identificación que tenemos es en base a objetivos comunes de construcción del socialismo y de democratizar las sociedades”, aseveró Esteche. Entre 2007 y el año pasado, Franquet, por ese entonces encumbrado dirigente de Quebracho, viajó a Paraguay como enviado de Fidela y visitó en prisión a Carmen Villalba, Alcides Oviedo y Osmar Martínez, acusados por el secuestro de María Bordón de Debernardi, el primer episodio delictivo en el que Patria Libre se vio implicado. Aunque cuando Franquet los conoció, todavía el EPP no había cobrado relevancia pública, la lucha revolucionaria a favor del campesinado pobre del interior de Paraguay ya había sido lanzada y Villalba había asumido el rol de vocera y rostro visible de la agrupación guerrillera. Y si bien, desde Quebracho, aseguran que los nexos se circunscriben a una relación de simpatía y admiración, los dirigentes argentinos se reunieron en dos oportunidades con Lugo cuando era candidato a la presidencia, una vez en Buenos Aires y otra en Asunción, para que intercediera por los campesinos encarcelados.

Además, Quebracho salió a las calles en apoyo de los detenidos de Patria Libre y realizó piquetes en el Puente Pueyrredón y hasta interrumpió la emisión del programa TVR ante la atónita mirada de Gabriel Schultz y Sebastián Wainraich para pedir al gobierno por los campesinos encarcelados. A partir de la solidaridad demostrada, Patria Libre emitió un comunicado firmado por Juan Arrom, el secretario general del partido, en mayo de 2007 exigiendo el cese de la “persecución política” de Esteche y de Raúl “Boli” Lezcano, detenidos por la Justicia argentina por destruir un local partidario de Sobisch, en protesta por el asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba.

“Comprendiendo que el continente es una misma unidad político-histórica y que cualquier agresión es una agresión a la posibilidad de construir una América latina socialista y revolucionaria, nos disponemos a construir acuerdos tácticos y estratégicos que nos permitan operar en este sentido”, manifestaron en febrero de 2007 varias organizaciones políticas de izquierda en la declaración del Primer Encuentro del Cono Sur, del cual Quebracho fue anfitrión y Patria Libre envió a la Argentina dos emisarios. El vínculo, que se estrechó con los viajes de Franquet a Paraguay, gozaba de buena salud. Los integrantes de Quebracho y del EPP ya se reivindicaban como “compañeros

Recompensa millonaria

En una dura ofensiva militar y política, el gobierno de Fernando Lugo ofreció una recompensa de 1,8 millones de dólares por datos sobre 17 altos jefes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a razón de 106 mil dólares por cabeza. Además, el presidente anunció que girará mañana un proyecto al Congreso para modificar la ley de defensa nacional y seguridad interna, y enviar militares para combatir al EPP sin necesidad de declarar el estado de excepción.